Reproducimos la
entrevista publicada en "Página 12" (Argentina), realizada por Cristian Alarcón a Manuel de Rivacoba, Juan Bustos y Juárez Tabares, rubricada “El
discurso de la mano dura aísla a la sociedad”, entrevista efectuada –si no
nos equivocamos- en las últimas semanas del año 2000. La fotografía corresponde a la misma publicación.
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Tres prestigiosos penalistas –un chileno,
un brasileño y un español– debatieron ante Página/12 sobre los efectos y los
riesgos que genera en la sociedad la bandera de la inseguridad.
Juan Bustos (chileno), Juárez Tabares (brasileño) y Manuel Rivacoba y
Rivacoba (español)
Uno
advierte que la política de mano dura y la exaltación del discurso contra la
inseguridad quiebran las redes solidarias y provocan un retroceso enorme en la
conciencia de los derechos ciudadanos.
Otro
plantea que nunca habrá cárceles suficientes. Que todas las nuevas que se
construyan se irán llenando indefectiblemente y terminarán también hacinadas.
El
tercero resume: “Se está repitiendo el fenómeno que ocurría en el siglo XVII:
las penalidades excesivamente duras hacen que la ley pierda su vigor. Y los
principios del derecho que a fines del siglo XVIII lograron superar esa etapa
de oscurantismo ahora vuelven a ser actuales. E incluso son de vanguardia”.
Quien hace ese diagnóstico es el español Manuel Rivacoba y Rivacoba, profesor
titular de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Los otros son Juárez
Tabares (de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y presidente de la
Asociación de Profesores de Derecho Penal brasileños) y Juan Bustos, profesor
de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Chile. Los tres pertenecen al
grupo de académicos del derecho más importante de la región y fueron convocados
a Buenos Aires para presentar el nuevo Tratado de Derecho Penal elaborado
durante los últimos cinco años por el penalista Raúl Zaffaroni. Los tres
discutieron ante Página/12 sobre la realidad más cruda, lejos de los discursos
autistas y cerca de una visión apocalíptica de las leyes y sus efectos.
–¿Cómo fue virando hacia la
derecha el discurso sobre la seguridad ciudadana en sus países? ¿Ha llegado esa
ola de endurecimiento a las leyes como se busca en la Argentina?
JB: En
Chile, en los primeros años de la democracia hubo una especial dirección
garantista. Desde mediados de los noventa, con la configuración de la fundación
Paz Ciudadana se empezó a dar vuelta el discurso hacia uno de temor, miedo,
exaltación del delito, con una gran propaganda de los medios que están todos en
manos de la derecha. Esto ha generado una enorme inseguridad subjetiva, en
paralelo con una campaña contra la droga.
MRR:
Quieren hacer una reforma del código penal a la cual le tengo mucho miedo. Me
he convertido en un defensor del código actual, con todos sus defectos
técnicos, pero con un principio garantizador y democrático.
–¿Eso también pasó en Brasil?
JT: Al
fin de la dictadura aparece un movimiento de garantismo, porque era la
consecuencia de una condensación de opiniones contra la persecución. Después de
la democracia hubo un fenómeno al revés. El enemigo político opositor al
régimen deja de ser el enemigo público del Estado, y el lugar pasa a ser para
el criminal común. Ese criminal pasa a ser el motivo de la represión y la
izquierda pasa a ser parte del grupo de la represión. Dice, tenemos que
combatir la droga, las drogas enferman a la juventud, están en las favelas.
Este movimiento garantista se va debilitando, al punto que hoy es representado
por pequeños grupos quijotescos en contra de los medios y de la tendencia.
También cambió el enemigo interno, que son los sectores marginalizados,
especialmente los jóvenes pobres.
–Bajar la edad penalizable parece
una tendencia en todo el mundo.
JT: Ahora
hay una campaña nacional en Brasil donde se insiste en que un niño de doce años
es responsable de sus actos. El PT mismo admite bajar a 16 la edad punible.
–Uno de los principales temas en
discusión en Argentina es el régimen de libertad progresiva.
MRR: En
Chile, la intención es reducir las libertades provisionales hasta hacerlas casi
desaparecer y así institucionalizar cada vez más, crear nuevas cárceles, que
dicho de paso es un buen negocio para todos. Luego el paso siguiente será
privatizar la prisión.
JT: Hay
un tema: nunca habrá las cárceles suficientes, o sea que es un gran negocio. En
España, durante toda la época del PSOE se crearon más cárceles que nunca;
durante dos siglos no se habían abierto tantas cárceles como en esa época. Al
terminar el período del PSOE todas las cárceles estaban hacinadas.
–Ustedes describen el mismo fenómeno de pánico moral. ¿Cuáles son los efectos?
JB: Lo
que uno ve en la realidad es primero que el miedo de la gente provoca
inmovilidad, desconfianza del vecino y del otro. Se quiebran las redes
solidarias, la participación, la expresión política, de hecho todo se centra en
el problema de la seguridad. Con ello hay un retroceso enorme en la conciencia
de los derechos ciudadanos. Todos los espacios públicos también se pierden. Así
se consigue una sociedad que se aísla, se concentra.
–¿Han disminuido con ello la
criminalidad?
JT: Nada
de nada. Es que es un absurdo, las criminalidades no disminuyen, sino que
marcan una curva que sube y baja y con diversificación de modalidades. Cuando
en una zona se mete policía la criminalidad se muda, o cambia de negocio.
Antes, la principal causa era el hurto, hoy es el robo, o el tráfico de drogas.
En algunas regiones el secuestro. Así se varía, como en el mercado.
–Aún con esa variable el
narcotráfico parece ocupar el lugar central para el modelo de represión que
viene.
JB: Ahora
en Chile viene una reforma de la ley de drogas que va a ser más dura con el
consumo, con la idea de que si no hay consumo no hay tráfico. Hay una tendencia
terrible hacia la gran arma del control, sobre tú y tus amistades. Si eres
amigo de una abogado que defiende a un microtraficante, ya estás señalado. El
control se ha hecho cada vez más brutal sobre la base de la droga.
–Es el nuevo instrumento para el
panóptico de siempre.
JT: En
Brasil, el control llega a las cámaras de televisión para el control ambiental.
Se está discutiendo una ley en el Parlamento para autorizar las escuchas y las
imágenes ambientales para vigilar a las personas secretamente. Y ahí se había
discutido una cosa terrible, que es si podrían poner cámaras en el cuarto de un
matrimonio con autorización judicial.
MRR:
Ocurre lo mismo que en la Inquisición. Ahí se empleaba la constricción física,
el dolor, el aniquilamiento vital. Ahora lo que se emplea es el temor, y
ofrecerte ciertas ventajas si tú colaboras para que incluyas a otro más en el sistema
penal. Y con la tortura incluso, en casos extremos, el preso llega a inventar
una historia criminal para acusar a gente que no tenía nada que ver. Porque así
colabora eficazmente con la policía y él obtiene una rebaja de la pena.
–¿Cuál es la tendencia si se
llega al límite de la expansión penitenciaria como en España?
JT: Veo
en Brasil que el Estado entró en un sistema de bancarrota, no tenía plata para
sustentar programas sociales. Tampoco tenía plata para mantener tanta gente en
la prisión y por eso incrementa la participación de programas alternativos a la
cárcel y horizontaliza la represión, la amplía. Usa una trampa, la de las penas
alternativas. Al tener penas cada vez más terribles se genera una contradicción
en el juez que la aplica. Al aparecer la alternativa de un trabajo comunitario
o de una multa, entonces casi sin importar si es culpable, si hay pruebas, se
le da la pena alternativa, porque no hace mal.
–O sea que la pena desmedida que
marca la ley invoca una última racionalidad garantista hasta en el juez más
reaccionario.
JT: Por
increíble que parezca, los jueces más garantistas son los jueces de los
tribunales superiores, que eran tradicionalmente los más conservadores. Ahora
tienen una cierta comprensión.
MRR: En
ese sentido es que se vuelve a un neoiluminismo, al fenómeno que ocurría en el
siglo XVII: las penalidades excesivamente duras hacen que la ley pierda su
vigor, su seriedad. Cuando las penas son demasiado graves, el juez con una
mínima sensibilidad le busca la vuelta para no aplicar una pena inhumana. Tal
como están las cosas, los principios de fines del siglo XVIII son ahora la
vanguardia.
–La modificación del sistema
penal también debe tener su efecto económico.
JT: En
Brasil hay un proyecto nuevo de reforma del código penal que es desastroso. Uno
de los principios es la eliminación de la suspensión condicional de la pena. La
condena lleva a la cárcel, así tenga dos años o cuatro meses, va a la cárcel. O
está sometida a las penas alternativas. En este sentido, hay una campaña para
aplicar las penas de multa. Yo no me explicaba por qué un país tan miserable
iba a sacar plata. Pero descubro que amplían el plazo de pago de dos a cuatro
años y que una pena de multa no paga puede ser considerada como un crédito
positivo más del Gobierno Federal frente al FMI. “Tenemos tanto dinero, incluso
este dinero que nuestros ciudadanos deben en multas.” Así, la criminalidad que
genera el modelo va a enriquecer y sostener hasta ir adquiriendo valor la
cuenta que se debe saldar con el FMI.
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