Los
peculiares poderes que el Gobierno Bachelet procura suministrar al Fiscal
Nacional Económico (cuya designación es resorte político-partidario), mediante
el proyecto de ley que hoy tramita el Congreso (Mensaje presidencial 009-363,
de 16 de marzo de 2015), y que excluye la acción del Ministerio Público,
encuadra en la política de control partidario de la acción penal en ámbitos
especialmente sensibles para la colectividad como lo es el económico. Con ello,
deberíamos ya estar claros de que, o no habrá persecución, o está será limitada
y condicionada respecto de aquellas conductas delictivas que impliquen o
involucren a autoridades estatales o a grandes empresarios.
Ilustrativa de tal
interés es la política conductual que hoy acentúa el director del Servicio de
Impuestos Internos (cuya designación también es resorte político-partidario).
Para él, el uso de boletas falsas de las empresas (por ejemplo en los casos
Penta, Soquimich y Corpesca), es sólo una mera falta administrativa, y que no
justificaría ejercer acción penal. Y, en el caso Caval, el mismo alto
funcionario retarda, bajo argucias no creíbles, la actividad persecutora del
aparato estatal que él mismo dirige.
Es este el panorama
que se proyectará con la Fiscalía Nacional Económica. En efecto, sobre el tema colusión empresarial y penas de cárcel, es
conveniente leer la letra chica del proyecto legal: la acción penal radicará
exclusivamente en el Fiscal Nacional Económico, esto es, un funcionario de la
total confianza del gobierno de turno. Es decir, habrá investigación y
persecución sólo y únicamente si al Poder político (esto es, el económico) le
conviene.
Asimismo, se eliminan del Código
penal preceptos que -aun modestamente- permiten hoy investigar conductas
delictuosas, por ejemplo, de grandes empresas papeleras.
Hace
unos años, el entonces Fiscal Nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán,
desdeñando las penas de cárcel para el delito económico, expresaba que –para
él- lo idóneo eran penas meramente pecuniarias y no de cárcel, ya que, según
él, donde más les dolía a los autores de tales delitos era en “el bolsillo”.
Planteamiento tendencioso, que no encuadra con la realidad, ya que para
cualquiera, y especialmente para sectores económicosociales poderosos, el condicionamiento agudo de
la libertad ambulatoria, el ambiente carcelario y el estigma, son gravámenes
mayores, mucho mayores que tener que deshacerse de parte de su activo (aquel de
conocimiento público ya que el otro, el oculto, lo radican en “paraísos
fiscales”), dinero que pronto recuperarán.
A
continuación, un pertinente artículo de Gustavo Sánchez.